Se lleva a cabo la audiencia pública por el Código de Faltas

El canal de noticias Cba24n transmite en vivo los aportes que los oradores realizan en la Legislatura de Córdoba.
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La Legislatura de Córdoba llamó a las organizaciones sociales y civiles a que participen de la audiencia pública convocada para este jueves para brindar opiniones sobre las reformas al Código de Faltas que impulsa el delasotismo, que ya recibió numerosas críticas.
Análisis, Modernización y Reforma del Código de Faltas de Córdoba convocó a las organizaciones no gubernamentales, sociales y entidades de la sociedad civil a participar de la audiencia convocada para hoy desde las 9.30, en el salón Protocolar de la Legislatura provincial.
Días atrás, miembros del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) afirmaron que las reformas que el delasotismo impulsa para el Código de Faltas reafirman su carácter represivo y las atribuciones que se brindan a la Policía provincial.
Este proyecto sigue conservando el mismo paradigma represivo que tiene el actual Código de Faltas», aseguró el abogado Lucas Crisafulli, integrante del observatorio, respecto de los cambios en la normativa propuestos por el bloque legislativo oficialista de Unión por Córdoba (UPC).
Crisafulli insistió: «Pensábamos que, después de jornadas de protesta (contra la violencia institucional), como la Marcha de la Gorra (celebrada en noviembre pasado), el oficialismo iba a construir un código más respetuoso de los derechos humanos y que propiciara efectivamente la convivencia ciudadana, pero eso no sucedió».
El abogado y docente de la UNC recalcó que, lejos de fijar un nuevo paradigma, la propuesta del delasotismo, actualmente en estudio en la Legislatura «sigue empoderando a la Policía, que seguirá concretando detenciones arbitrarias, y criminaliza la protesta y la pobreza».
El abogado explicó que, por ejemplo, el proyecto impulsado «incorpora 30 nuevas contravenciones» y, «con una redacción ambigua», prevé la posibilidad de sancionar a quienes «les falten el respeto, por medio de gestos o ademanes, a un miembro de los poderes públicos», lo que en los hechos será «definido por los policías en las calles».
Durante la «Marcha de la Gorra» que se celebra todos los años, la última se realizó el 20 de noviembre pasado por las calles de la capital cordobesa, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles pidieron anular varias disposiciones del Código de Faltas, como las que prevén la aprehensión de una persona bajo la figura del merodeo en la vía pública o por la mera negativa a identificarse ante un policía.
Asimismo, los organizadores de la marcha también apuntan contra las normas que permiten que una persona sea sancionada (con varios días de arresto), en virtud de una presunta contravención y sin haber contado con la defensa de un abogado.
En este año la marcha tuvo como contexto la circunstancia de que, según la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, en lo que va de 2014 ya se han registrado siete casos de jóvenes muertos en casos de «gatillo fácil», lo que expresa la «sistemática política represiva» del gobierno de José Manuel de la Sota.