Tandil: La Marcha de la Gorra como proyecto de Seguridad

Las primeras columnas en contra de la violencia policial comenzaron a organizarse en la ciudad de Córdoba en la década del 90. Un momento histórico caracterizado por el aumento de la desigualdad social y la brecha económica.

La violencia policial era una herramienta necesaria para que la pobreza no se transformara en un problema político y poner en jaque la concentración económica. En pocas palabras, la Argentina comenzó a ser el laboratorio en las reformas neoliberales, pero también de las medidas manoduristas importadas de Estados Unidos con la teoría de la “tolerancia cero” y la teoría de “la ventana rota”.

Un proceso de reforma del control social caracterizado por el desplazamiento de la cuestión social por la cuestión penal. Es por eso que siempre decimos que cuanto más desigualdad social más violencia institucional. En el año 2007 se inicia la primer Marcha de la Gorra convocada por el colectivo de jóvenes por nuestros derechos, y como telón de fondo es la derogación del Código de Faltas, un derivado de las reformas penales y sociales que experimentó Argentina y América Latina.

Poco a poco, los movimientos populares fueron transformando el reproche a la institución policial en un proyecto de seguridad. De alguna manera fuimos comprendiendo que el policía también conformaba el último eslabón de una cadena muy compleja, rutinaria, burocratizada, verticalista y sobre todo atravesada por un pacto de silencio. Poco a poco, destapábamos una olla donde comenzamos a involucrar en el desarrollo de los delitos que más atemorizan la sociedad al poder político y el poder judicial. Es decir, como manifiesta nuestro compañero Esteban Alzueta, interpretar la inseguridad como una forma de gobierno, caracterizado por la conformación de una matriz de poder compuesta por las instituciones mencionadas, también conocida como contubernio criminal siguiendo las palabras de Marcelo Sain (2017). Y manipular la inseguridad o hacer de ella un acto de gobierno significaba mayor violencia estatal en los barrios populares.

Hoy no podemos negar que estas cosas suceden en nuestra provincia y hasta que ese artefacto no sea desarmado, es imposible solucionar los problemas de la inseguridad/seguridad. Aunque eso no quiere decir que tenemos que quedarnos con los brazos cruzados o no meterse en el tema, como hicimos históricamente.
Para construir una seguridad democrática, participativa, comunitaria y/o ciudadana es necesario fortalecer la organización colectiva y poder hacer de ella un programa que represente y contenga a los que más sufren los hechos de inseguridad. Como dijo Gabriel Kessler, los sectores medios y medios altos, son los sectores que menos posibilidades tienen de ser víctimas de hechos delictivos, ya sea porque las zonas que habitan se caracterizan por ser espacios circulados, cuentan con iluminarías, hay seguridad privada y, además, la constante circulación de las policías locales. Sin embargo, los que más sufren los delitos urbanos son los habitantes de los sectores más alejados, porque carecen de seguridad privada y también de la protección pública, donde los fondos estatales llegan de manera precaria y abunda el desempleo, y a esto hay que agregarle la concentración y el aumento del consumo problemático. En términos generales, la probabilidad de ser víctima de un hecho se distribuye de manera desigual.

Ahora bien, se trata de sumar nuevas voces a la configuración de la seguridad municipal, significa de igual forma involucrar a los movimientos sociales que están cotidianamente sumergidos en la dinámica de los conflictos sociales. Sumar nuevas voces significa dar lugar a la perspectiva, experiencias e ideas de quienes vienen preocupándose de los conflictos barriales sin ningún tipo de recursos, y si los hay son muy pocos. Además, los movimientos poseen diagnósticos situacionales detallado de los problemas.

Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, si en los foros de seguridad van a participar la sociedad rural, el colegio de farmacéuticos, concejalxs que lejos están de conocer la realidad más cruda de Tandil, representantes de barrios privados y la cámara empresaria, no estamos generando seguridad sino privilegios.

Con esto estamos diciendo que necesitamos participar en el debate de las políticas públicas, ya que la cuestión es urgente y no podemos esperar a ganar las próximas elecciones, sino generar y abrir ámbitos de diálogo y negociación con las distintas autoridades.

Sobre todo incrementar los recursos y herramientas. Esta combinación (nuevas miradas y recursos) es una condición necesaria para abordar los problemas de manera interdisciplinaria y multiinstitucional. Si  periódicamente se manifiesta que el problema de la seguridad es complejo, lxs funcionarios públicos deben hacerse cargo de ese comentario repetido una y otra vez, no solamente utilizarlo para ser políticamente correcto.

En segundo lugar, si observamos los presupuestos que la ciudad de Tandil destina en lo que respecta al tema en cuestión, las áreas de juventud por ejemplo, son las menos financiadas. Los trabajadores y trabajadoras de la infancia y adolescencia son los más precarizados. Los bienes de consumo que se distribuyen para los
niños, niñas y adolescentes que frecuentan distintas instituciones son los que están a punto de vencerse.
Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras de otras áreas municipales son personas muy bien pagas, que tienen viáticos por todo tipo de actividad que este por fuera de las paredes de sus oficinas, tienen a disposición todos los chiches de escritorio y sus respectivos secretarios y secretarias.

No estamos diciendo nada nuevo, sino volviendo a resaltar y poner en discusión la máquina de la precarización. Una maquinaria que hay que llenarla de preguntas críticas, y sobre todo visibilizarla ya que al estar encapsulada garantiza y reproduce el privilegio de otras secretarias y subsecretarias.

Una máquina que hay que desarmar realmente. Y para desarmarla es una tarea pendiente de los movimientos populares colocarla como tema de discusión en todos los ámbitos, transformarla en un problema público e interpelar a los actores activos del manodurismo que ven que disminuir la edad para la imputación de delitos es el camino del éxito.

Estabilizar a los trabajadores y trabajadoras y sumar nuevas miradas a la planificación y ejecución de las políticas públicas son algunas propuestas de muchas otras que hay dando vuelta en los distintos movimientos sociales.
Para ir cerrando, no hay que perder de vista que los que pagan los platos rotos del problema que estamos señalando son los jóvenes de los barrios populares, porque tirar la policía contra ellos y/o aplicar montajes de su detención en las zonas céntricas formar parte del discurso exitoso de la gestión actual, sobre la capacidad que tienen de transformar los problemas sociales y políticos en problemas policiales. Pero es un inconveniente para los  movimientos populares porque son los que ven aumentar la violencia social y la brutalidad policial en los distintos barrios que lejos están de resolver los problemas, sino todo lo contrario, los agravan cada vez más.

Con la movilización de la “Marcha de la Gorra” queremos proponer un proyecto de seguridad que supere lo superficial politizando y desnaturalizando las contradicciones de los andamiajes estatales, garantizar un programa de inclusión real para los niños, niñas y adolescentes, pero al mismo tiempo sacar la sañalización de los problemas sociales a los sectores más vulnerables y colocarlos en los actores institucionales y en el ámbito político local, que no abre el juego y cuando lo abren lo utilizan para su descalificación.

Autores:
Manuel Chiavarino y Jonathan Cantini.