Lectura de documento 15°MDLG

Documento de la 15° Marcha de la Gorra

 
¡Esta es la decimoquinta Marcha de la Gorra! Seguimos caminando las calles, seguimos copando el  centro de la ciudad lxs pibxs organizadxs bailando, murgueando y sosteniendo luchas. Sepan que acá están gritando las familias de lxs pibxs que cayeron en manos de la represión. Venimos a denunciar, todas y cada una de las veces que sean necesarias, las políticas represivas del Estado.
Estamos hartxs de los privilegios para unos pocos, que se garantizan por medio de las fuerzas represivas.

Venimos a ocupar las calles, las plazas, el centro, la ciudad, los barrios, todo lo que nos niegan las políticas de Estado que refuerzan la represión contra aquellos sectores que son vulnerados. Los espacios que por lucha, esfuerzo y organización son nuestros, son públicos.
Hoy gritamos más que nunca: ¡No es un solo policía, es toda la institución! Es la burocracia armada y desplegada para disciplinar. Nuestros nombres no son para llenar planillas de comisarías. No importa cuánto le laven la cara a la yuta con cambios de cúpula. No importan las reformas de los códigos legales y protocolos ¡En Córdoba siguen persiguiendo y deteniendo por portación de rostro! Los cambios  contravencionales han significado una mayor judicialización de lxs pibxs. Los mismos que en sus propios barrios viven el amedrentamiento, el verdugueo, y las amenazas de los uniformados.
Los actuales jefes de Estado, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, ejercen una continuación represiva, que es la que requiere este sistema capitalista, patricarcal y colonial.
Es por ello que el gobernador Juan Schiaretti, el ministro de Seguridad Mosquera, la jefa de policía Zárate Belletti, la justicia federal y provincial son los principales responsables de que los lugares
de encierro esté abarrotadxs de pibxs a lxs que detienen por ser de un barrio popular, por usar cierta ropa o por andar de gorra. Son los estigmas discriminatorios y criminalizatorios que se depositan sobre unos cuerpos señalados.
Esta política de Estado ya lleva asesinadas en Córdoba a más de 500 personas desde el fin de la última dictadura cívico militar eclesiástica, y a nivel país el índice de una persona asesinada por las fuerzas represivas es cada 19 horas. El gatillo fácil, los asesinatos en lugares de encierro, y los femicidios de uniforme son políticas de Estado. Se suman las amenazas y la persecución que sufren las familias de las personas asesinadas por uniformados, que luchancontra un Poder Judicial cómplice, capitalista y patriarcal, que garantiza la impunidad. Así como el gobierno avala el gatillo fácil, el poder judicial avala el sobreseimiento fácil, la libertad, la vista gorda, para los autores materiales, intelectuales y políticos, de los crímenes de Estado.

La gravedad que se vivía en los lugares de encierro, se incrementó exponencialmente desde la pandemia en todo el país. En Córdoba, a respuesta del Estado a las necesidades de las personas detenidas en la crisis sanitaria, ha sido la represión, como la que se vivió en el EP9 cuando un detenido del pabellón amarillo falleció por falta de asistencia médica. En las cárceles de Córdoba lxs privadxs de la libertad no solo mueren de COVID, sino que también mueren por falta de medicación, y de condiciones sanitarias. Las torturas, que incluyen ‘‘camas de sujeción’’ y celdas de aislamiento, son comunes en estos sitios. Las personas privadas de su libertada no deben estar expuestxs a más situaciones de vulnerabilidad, múltiples que buscan denigrar, sea en las cárceles,
o en el complejo esperanza, que funciona como cárcel. Se suman las torturas en el Centro Psico Asistencial (CPA), donde lxs internadx que requieren asistencia en salud mental reciben las torturas de los carceleros y profesionales. Las fuerzas represivas no deben actuar frente a usuarixs de la salud mental. Deben actuar los equipos sanitarios e interdisiplinarios. ¡El ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con Julian López a la cabeza, es responsable!
Los dispositivos de consumo problemático no pueden estar aliados a medidas represivas y  prohibicionistas como se maneja el aparato represor. Una persona que está en un padecimiento subjetivo necesita profesionales de la salud no persecución, ni mano dura. Las instituciones sanitarias se ven atravesadas por el ajuste y la desidia del Estado, que vulnera sus derechos una y otra vez. Dejen de criminalizar los consumos de sustancias, el cultivo de marihuana, personas neurodiversas y a quienes necesiten ser usuarixs de la Salud Mental ¡Exigimos la aplicación ya de la ley de salud mental! La narco Policía, el narco Estado, no pueden dar solución a los consumos problématicos y al narcotráfico, que usa a los pibes de mulas y dylers.
Seguimos marchando porque la deuda es con el pueblo, y no con el FMI. Con un 40% de la población bajo los índices de pobreza e indigencia, la prioridad de los partidos burgueses es pagar
una deuda fraudulenta y usuraria a costa de ajuste y precarización. La nueva conformación del gabinete nacional marca un camino de profundización del ajuste. Mientras se mantienen los  pagadores seriales de deuda como Guzmán, se incluye a Manzur y Anibal Fernandez para imponer una política de más ajuste y represión ¡A los asesinos de Darío y Maxi ni perdón ni reconciliación!
¡Fuera Anibal Fernandez!El único gasto estable y en aumento de los gobiernos,provinciales y nacional sigue siendo en materia represiva. Se han incrementado la cantidad de policías en la provincia, elevando a 25.000 la cantidad de efectivos en Córdoba, los gastos son en móviles, motos, armas, camaras de vigilancia. Mientras se ajusta a sectores que ponen el cuerpo para enfrentar la crisis sanitaria y las necesidades de las personas.

El gobierno de Fernández dice que no a pagar la deuda a costa del hambre del pueblo. Pero los comedores populares siguen alimentando a las barriadas pese al recorte de las partidas presupuestarias y la inflación de los alimentos. Los sectores de salud en la pandemia luchan contra el COVID y la flexibilización laboral. Los sectores educativos intentan garantizar que lxs jóvenes puedan tener clases, pese a que el Estado no garantizó que todxs lxs estudiantes tengan formas de conectarse, ni invirtió en infraestructura edilicia en los colegios. A su vez la precarización en la docencia deja como saldo una enorme deserción estudiantil.
La juventud es uno de los sectores que más está afectado por la vulneración de sus derechos. A esa juventud, que siempre se hizo presente en la Marcha de la Gorra, lo único que le propone el Estado es la represión y el castigo. Una y otra vez se intenta bajar la de edad de punibilidad. Les venimos a gritar una vez más que ¡Córdoba NO BAJA! Que en encerrar a les pibes no hay ninguna solución. Denunciamos que el 50% de las personas asesinadas por las fuerzas represivas del estado, por el gatillo fácil o por las torturas, son niñxs y jóvenes y aunque muchos digan que «algo habrán hecho», a nosotres no nos dan lo mismo.
Está marcha nació en el 2007, junto a muchas organizaciones reclamamos que Córdoba adhiriera a la Ley 26061, de protección de los derechos de les niñes y jóvenes. 15 años después seguimos reclamando que esos derechos se cumplan, que el gobierno invierta en su protección y que se acabe la situación de ajuste permanente en Senaf.Les pibes no son peligrosos, están en peligro!

A su vez se llevan por delante derechos básicos como el de la vivienda digna. Los desalojos no han parado con la pandemia, se han incrementado en todo el país. En Córdoba los desalojos de Estación Ferreira y Cabildo, y la demora en soluciones concretas a las familias de Parque Esperanza, al que se suma el de Agustina Tolosa en Salsipuedes: son los claros ejemplos de cómo trata el gobierno provincial a quienes necesitan un techo. Los desalojos en Guernica por parte de Kicillof, Berni y Fernández y el de la Villa 31 por parte de Rodríguez Larreta, son la muestra que para reprimir y hacer negociados con los especuladores inmobiliarios, no hay grietas. La falta de acceso a la tierra, a la vivienda y a servicios básicos se vive en todo el país ¡La tierra es para quien
la habita y para el pueblo!
La tierra es para quienes la trabajan y para la naturaleza. Rechazamos las políticas terricidas y ecocidas, el desmonte quemando las sierras para beneficio de grupos empresariales, agronegocios y negocios inmobiliarios, promoviendo represión para los pueblos originarios. En Córdoba decimos junto a las asambleas socioambientales: ¡Basta de incendios para sus negocios! El fuego es para la yuta, no para el monte, ¡Todo fuego es político! Nos solidarizamos con los pueblos Comechingón, Sanavirón, mapuche, wichi, qom y cada uno de los pueblos originarios que pelean, a lo largo y ancho de esta región actualmente llamada Argentina. Que luchan contra la usurpación de sus tierras, que los explotadores quieren usar para el fracking, la explotación minera o el monocultivo. Denunciamos el colapso del sistema cloacal, del que ni Mestre, ni Llaryora se hacen responsables.
Repudiamos los acuerdos pandémicos con China para criar cerdos. Echamos a Monsanto y vamos a seguir luchando contra PORTA, rechazando el modelo extractivista que nos mata y contamina.

Vamos continuar exigiendo una búsqueda real de todxs lxs desaparecidxs. Venimos a decir que ellos saben dónde está Facundo Rivera Alegre. Vamos a seguir preguntando dónde están Yamila Cuello, Luz Oliva, Delia Jerónimo Polijo, Silvia Gallardo, Jimena Arias, y exigimos saber qué pasó con Cecilia Basaldúa y con Marisol Rearte. Exigimos ya el desmantelamiento de las redes de trata, denunciamos la complicidad de la policía y del poder judicial con la trata de personas ¡Sin yuta no hay trata! Hay que señalar la falta de investigación y la reciente liberación de Nestor Simone y de Horacio Palacios. Son los señalados por la familia de Yamila Cuello como principales sospechosos de su desaparición. También el accionar de la fiscal Paula Kelm que encubre a los verdaderos responsables del asesinato y desaparición de Cecilia Basaldúa. Son claros ejemplos de cómo la justicia actúa de manera patriarcal, de la mano del delito y el crimen organizado.
Mientras en todo el país se exige la aparición con vida del joven trans Tehuel de la Torre, la policía de Córdoba responde con represión a quienes se solidarizan con Tehuel y su familia. Así tratan a los sectores disidentes en la provincia, que incluyen detenciones y judicializaciones, sin respetar la identidad autopercibida de las personas.
Seguimos exigiendo justicia por Pepa Gaitán, Laura Moyano, y por todxs les asesinadxs por ser cuerpes sexogenéricamente disidentes, travas, trans, bisexuales, lesbianas, putxs, no binaries! ¡Basta de travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio! Recordamos también a Azul Montoro mientras decimos que justicia es que no pase nunca más.
Basta de femicidios, el gobierno es responsable. La policía no está para cuidarnos, en esta provincia 4 de los 12 femicidios ocurridos en lo que va del año, fueron cometidos por uniformados. No hay ningún interés en bajar esa cifra. El gobierno no se plantea el cese del estado policial cuando los policías no están en funciones, lo que significa que gran cantidad de los femicidios de uniforme se cometen con el arma reglamentaria.
Gritamos bien fuerte en contra de la criminalización a lxs trabajadorxs sexuales, ya que la respuesta a las demandas por las faltas de derechos de este sector, sigue siendo el amedrentamiento y las detenciones. ¡Siempre con las putas, nunca con la yuta! También exigimos el cumplimiento real del cupo y ley de inclusión laboral travesti- trans.
Exigimos también la implementación efectiva de la ley de aborto legal, seguro y gratuito en todos los centros de salud. Denunciamos la designación de Manzur como jefe de gabinete es un ataque a las conquistas de las mujeres y disidencias sexo genéricas. No queremos antiderechos, ¡Fuera Manzur! En los barrios se sigue privando a lxs cuerpxs gestante de su derecho a decidir. Queremos Educación Sexual Integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, y acceso al aborto legal para no morir. ¡Libertad ya para todxs lxs detenidxs por abortar!
Reivindicamos la protesta como método para obtener derechos. Repudiamos toda criminalización a quienes luchan. Nos solidarizamos con lxs 27 estudiantes procesadxs de la UNC por defender la educación para el pueblo y abrazamos la lucha de les estudiantes de la UNRN ¡Absolución YA! .
Tambien repudiamos la condena a Daniel Ruiz y Cesar Arakaki, luchadores populares contra el ajuste de Macri en 2017. Nos oponemos también a extradición del luchador Facundo Molares de Argentina a Colombia. Basta de criminalizar la protesta y los métodos de lucha. Repudiamos todo intento del oficialismo provincial, con sus proyectos de penalización al reclamo, y a los cortes de
calle. Nos indignan las propuestas como la del concejal Diego Casado de impulsa un proyecto para multar los reclamos populares.
Con quince años de lucha a cuestas, también nos solidarizamos con todas las luchas que se estén dando en el Abya Yala en contra de este sistema patriarcal, colonial y explotador, que no cierra sin
represión.
Por eso acá estamos, somos la marcha de la Gorra, la de lxs pibxs, la de las disidencias, la de las mujeres, la de lxs migrantes, la de lxs familiares, la de lxs trabajadorxs sexuales, la de los pueblos originarios, la que sigue caminando, la que sigue luchando contra políticas estatales de saqueo y hambre, la que exige el desmantelamiento del aparato represivo, la que sigue de pie. La que no olvida, la que no perdona, la que no se reconcilia con represores ni antiderechos. Somos el miedo de los poderosos, por eso vallan las calles y ponen a los azules con sus cascos y sus palos, porque no claudicamos ni nos rendimos porque a la REPRESIÓN NI CABIDA, 15 años de BRONCA Y LUCHA COLECTIVA.