«Para que no le pase a otra persona»
Tomás Elías Orihuela quería vivir. Ese deseo hoy solo puede ser nombrado por sus familiares y amigxs, luego de que el joven haya muerto tras pasar por una detención arbitraria en la Comisaría Sexta de la ciudad de Córdoba. «Para que no le pase a otra persona», dijo uno de sus familiares, apenas empezamos a conversar.
Tomás tenía 19 años, quería cortarse el pelo para volver a abrazar a su vieja, ver a sus amigxs, trabajar haciendo muebles, lejos del Bajo Pueyrredón, porque le tenía miedo a las duplas policiales que persiguen a pibes como él en barrios empobrecidos.
Su sobrino, brillante como el plush rosa que lleva, tiene la misma edad de Tomás e insiste con lucidez: «Ellos no tienen derecho a quitarle la vida a nadie».
A los dos les gustaban las motos, la que usaba Tomás era de su sobrino y viceversa. Se las cambiaban, por eso acelerar juntos en la despedida puede ser un hasta siempre.
Hostigamiento policial
Esta práctica sistemática hacia jóvenes, en su mayoría varones, de sectores populares es una constante de la Policía de Córdoba. Plaza Schaeffer, abogada especialista en políticas de seguridad, explica que el Estado es el primer responsable en abandonar a los jóvenes y exponerlos a ser una categoría policial. En otras palabras,en una Córdoba neoliberal las cuestiones vinculadas a jóvenes empobrecidos son abordadas con estrategias –casi exclusivamente– represivas.
En Bajo Pueyrredón, como en muchos otros barrios de la ciudad, los jóvenes se cruzan con los mismos policías verdugos cotidianamente. Si se atiende a las historias de pibxs violentadxs por la policía que la Marcha de la Gorra y la Marcha Contra el Gatillo Fácil vienen denunciando y visibilizando hace años en la calle, o si se lee el Informe de Seguimiento de la Provincia de Córdoba del Comité Nacional por la Prevención de la Tortura (CNPT) 2024 esto es explícito: frente a los relatos sobre accionar policial, los jóvenes (entre 18 y 29 años) cuentan que son hostigados por personal policial de manera regular en el barrio donde viven y que las detenciones en comisarías u otros establecimientos policiales resultan momentos de especial vulnerabilidad, en los que se llevan a cabo distintas formas de malos tratos y torturas.
Tomás salió en libertad el jueves 23 de abril luego de un juicio abreviado, e inmediatamente comenzó a ser perseguido por agentes de la Policía de Córdoba. Fue detenido dos veces en menos de 48 horas por hechos que ya habían sido resueltos por la justicia. Tomás contaba con el oficio de libertad. Sin embargo, en el marco de un operativo Saturación en el barrio Bajo Pueyrredón lo aprehendieron ese mismo jueves 23 de abril a las 18:30 h y lo mantuvieron detenido arbitrariamente en la Comisaría Sexta hasta el viernes a las 4:00 de la madrugada, porque habrían certificado su situación judicial. El sábado 25 de abril lo detuvieron nuevamente y lo volvieron a llevar a la misma Comisaría. Entró con vida por la tarde y a la 1:00 la Policía lo trasladó con un estado de salud muy grave al Hospital Córdoba. Tomás falleció el lunes 27 de abril por la tarde en el Hospital Eva Perón.
Comisaría Sexta de la ciudad de Córdoba
En esta dependencia son comunes las prácticas de abuso de poder policial frente a jóvenes de sectores empobrecidos. El antecedente más grave es el de Facundo Rivera Alegre. Detenido allí en varias oportunidades. Luego desapareció, y hasta el día de hoy no se sabe nada de él. Hay testimonios que señalan a la Policía de Córdoba como parte del entramado que hizo posible su desaparición, lo que fue rápidamente descartado por el fiscal Alejandro Moyano, quien meses después sería ascendido a fiscal general por el gobernador José Manuel De la Sota.
Pero el caso de Tomás abre más interrogantes. ¿Por qué una policía envía un audio a otros policías donde insiste en detenerlo? ¿Por qué la Policía detiene a Tomás prolongadamente en la Comisaría Sexta, algo que es ilegal en Córdoba?
Tanto el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, como la abogada de la familia Orihuela, Marta Rizzotti, mencionaron que son usuales las fallas en el Sistema Federal de Comunicación de la Policía, una herramienta centralizada que utilizan fuerzas de seguridad y organismos judiciales en todo el país.
Quinteros subrayó en declaraciones públicas que pueden cometerse “errores administrativos” tanto en el momento de la aprehensión como en los establecimientos policiales. Y la abogada expresó que “es bastante común que la justicia se olvide de levantar los pedidos de captura”.
¿Cuántas muertes hay por errores administrativos?
El informe de la CNPT, sostiene que un objetivo fundamental de hacer y publicar estás investigaciones es «reducir los problemas relacionados con la falta de independencia de las versiones oficiales que presentan numerosos sesgos».
Estrategias de encubrimiento
Una constante que advertimos en todos estos años de acercamiento a familias y amigxs de personas torturadas, asesinadas y desaparecidas por el Estado, es el despliegue de estrategias de encubrimiento, que comienzan con la difusión mediática de versiones policiales sobre los hechos que intentan librar de responsabilidad a los uniformados. Así como en otras situaciones se ha constatado que la Policía de Córdoba planta armas, da falsos testimonios o simula un falso enfrentamiento con jóvenes.
En el caso de Tomás recurrieron a la versión del intento de suicidio, un relato que fue rápidamente respaldado por el Ministro de Seguridad Quinteros y enfáticamente rechazado por su familia. Corresponde al Poder Judicial investigar los hechos ocurridos, considerando respetuosamente los múltiples testimonios de allegadxs a Tomás que destacan su deseo por vivir: “Tomás era super cariñoso, alegre, no había un motivo por el que se quisiera ahorcar. No hay forma y lo voy a sostener hasta el último día de mi vida”, dice una familiar, su hermana mayor.
La familia también señala con lucidez las contradicciones y vacíos del discurso policial: ¿Dónde estuvo Tomás todas las horas transcurridas entre la detención y el traslado al hospital? Si tuvo un intento de autolesión, ¿en qué momento y por qué estuvo solo, algo que está prohibido en un proceso como ese? ¿Cómo se podría intentar ahorcar con un buzo con capucha, cuando es uno de los elementos que sí o sí les quitan antes de ingresar a una comisaría?
Queremos subrayar lo siguiente: Tomás se encontraba en una institución estatal. En este o cualquier otro caso, las personas privadas de su libertad están bajo responsabilidad del Estado y la Policía debe, en función pública, resguardar sus vidas.
Connivencia entre poderes
La de Tomás Elías Orihuela no es una historia aislada, aparecen pistas que muestran recurrencias en el accionar policial. Así también lo es la connivencia entre la Policía de Córdoba, el Poder Judicial –que no garantiza el Estado de derecho– y un Gobierno provincial que por acción u omisión no cuida a la ciudadanía, particularmente de sectores empobrecidos, sino que respalda la impunidad.
La Marcha de la Gorra nació para denunciar y visibilizar los casos de pibes que son hostigadxs, desaparecidxs y fusiladxs por la Policía de Córdoba, que entran a establecimientos policiales sanos y salen en estados de salud muy graves o, incluso, pierden la vida por condiciones de tortura y malos tratos, sin que las familias puedan acceder a una justicia imparcial que vele por identificar a los responsables. Por mencionar solo dos casos ocurridos en los últimos cinco años, Matías Mariño y Ezequiel Castro ingresaron al Centro Psico Asistencial (CPA) y salieron, el primero en estado vegetativo, y el segundo, sin vida.
Operativos Saturación
Destacamos que en Córdoba parecen reactivarse con intensidad mecanismos represivos que fueron estrellas en el gobierno de José Manuel De la Sota durante los años 2014 y 2015: los operativos Saturación. Estos tienen por objetivo ocupar territorialmente “zonas rojas” de la ciudad, con tácticas más bélicas que preventivas, y que buscan como resultado cierta cantidad de detenciones y la imposición de una presencia policial omnipotente en aquellos barrios. En este sentido, el pasado octubre se creó la unidad especial Grupo Especial de Operaciones Territoriales (G.E.O.T.), destinada a liderar esos procedimientos.
Luego de lo sucedido con Tomás, estas unidades especiales no se fueron de las zonas aledañas al Bajo Pueyrredón. Esto nos recuerda también los resultados de las políticas represivas y de criminalización de la pobreza y las juventudes del gobierno provincial. «Nos cazan», expresó un familiar del joven.
Como consecuencia, se reactiva también la discusión: ¿De qué seguridad estamos hablando?
“Yo ya no sé en quién creer”
Conocimos a una parte de la familia de Tomás, hay mujeres cuidando la vida de sus hermanos, sobrinos, tíos, novios, dicen que tienen miedo de que «salgan a la calle y les pase algo». Tenía amigxs y proyectos de carpintería, «pero la policía no nos dio tiempo», expresa una de sus hermanas.
Queda en el aire que en el último parte médico del Hospital Eva Perón les dijeron “ya no hay nada para hacer”.
Las voces luego de relatar todo lo acontecido reniegan, una de las familiares dice: “yo ya no sé en quién creer”. Las madres de otros pibes asesinados por la Policía les comparten sus recorridos: qué se puede hacer, por dónde no ir, por dónde avanzar, cómo responder al “periodismo que te condena”, “no lean los comentarios de las notas”. Le convidan su dolor y su fuerza. En ellas puede creer, tienen para contarle la experiencia impensada de reclamar justicia por sus hijos asesinados por la represión estatal.
Familia y amigxs quieren salir a la calle, es el primer reflejo de las barriadas, entonces circulan las preguntas, ¿hay que ir a la Sexta? ¿Es en Tribunales? ¿Dónde nos encontramos para reclamar Justicia?
Deciden como primera acción ir a Tribunales. Acompañamos.
Familiares y amigxs convocan a movilizar el martes 5 de mayo a las 11 horas a Tribunales II por el pedido de esclarecimiento del caso por parte del fiscal Andrés Godoy. Exigimos el compromiso del fiscal y del Poder Judicial en general para garantizar las condiciones necesarias para alcanzar verdad y justicia.